Luego que la Contraloría Departamental del Huila suspendiera del cargo al gerente de las empresas públicas de Pitalito Henry Lizcano Parra, para avanzar en la investigación de un presunto detrimento patrimonial de $1.782 millones de pesos en el análisis de 144 contratos de los primeros cuatro meses de esta vigencia administrativa, el togado Willian Alvis Pinzón acude mediante tutela a proteger  el derecho  al debido proceso presuntamente vulnerado.

La decisión del Juzgado segundo Penal del circuito de Pitalito, fue declarar improcedente la tutela, no obstante, está decisión fue apelada por el abogado representante del gerente suspendido, la cual resuelve “CONFIRMAR la sentencia de tutela de fecha y procedencia anotadas por las razones expuestas” de la misma manera, ordena remitir la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión.

Según reza el documento, el juzgado confirma lo decidido en primera instancia, aclarando que la improcedencia de la acción de tutela no se deriva de la existencia de otro medio judicial de defensa, por cuánto incurre en un error, la juez a Quo, cuando indica la existencia de mecanismos ante la jurisdicción contencioso administrativa; sino porque no observa el despacho vulneración a los derechos de defensa y debido proceso, encontrando que la actuación de la Contraloría se encuentra ajustada a los criterios establecidos por la Corte Constitucional.

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